[13.enero.2012]
La sesión parlamentaria celebrada el pasado miércoles,
donde los populares sacaron adelante su plan de ajuste
centrado en la subida indiscriminada de impuestos,
tuvo como actor estelar al grupo nacionalista catalán
—continuamos preguntándonos, ¿qué
pintan los separatistas en el parlamento español?—
que brindó al gobierno de Rajoy su primer
apoyo de la legislatura. A cambio los nacionalistas contarán
con la reciprocidad de los populares para llevar a efecto la
definitiva disolución de los servicios públicos
catalanes. Pasteleo habitual entre partidos merced
al desquiciante y oneroso sistema autonómico que nos
colaron a los españoles.
Según reconoció el propio Rajoy,
las comunidades autónomas han sido responsables de 15.000
de los 20.000 millones de euros
de desviación del déficit público
registrado en 2011. Implícitamente,
el presidente está señalando a las taifas
autonómicas como responsables del flagrante
incumplimiento de sus promesas electorales. Un ejemplo
del ranking de las más manirrotas: Valencia,
gobernada desde hace lustros por el PP. Valencia,
cuya situación financiera es tan delirante que el Gobierno
ha tenido que hacer cabriolas en el auxilio para evitar default
(quiebra) del ente autonómico, incapaz de hacer
frente a una amortización de poco más de 120 millones
de euros adeudados al Deutsche Bank. Mala carta de
presentación en Europa, así que tiremos de fondos
y recortemos prestaciones y subamos impuestos.
El Gobierno de la nación debe enfrentarse al problema
medular para España que significa el sistema autonómico,
siendo inflexible con su exigencia de ajuste presupuestario,
pero no de aquellas partidas que contribuyen a la equidad social
a través de las prestaciones del sector público,
sino para limar hasta su completa desaparición
la duplicidad de competencias con administraciones paralelas
mastodónticas, así como el despilfarro destinado
a crear ficciones nacionales: televisiones, embajadas, selecciones
deportivas, subvenciones ideológicas adornadas con la
etiqueta «cultura», imposiciones lingüísticas
contrarias a la legalidad, etc.
El saber que no lo harán porque a la postre todos
los políticos comen del mismo plato, no debe
hacernos bajar los brazos sino bien al contrario, debe servirnos
como acicate para insistir en nuestra demanda de una democracia
participativa, de una España libre de
las pirañas autonómicas; para reclamarnos
como la verdadera oposición, para continuar
articulando nuestras alternativas desde la premisa que nos mueve:
nuestro amor a España.
