[12.enero.2012]
Insistir en los elevados niveles de corrupción
que soporta el sistema político español
puede llegar a cansar por repetitivo. Pero Falange Española
de las JONS entiende que es su obligación denunciar
a quienes, de forma obscena, están
utilizando las instituciones públicas para enriquecerse.
El
discurso político oficial repite la
consigna de que la actitud de unos pocos no puede descalificar
globalmente al sistema, pero lo cierto es que son las
principales instituciones de la nación —además
de infinidad de menor relevancia— las afectadas
por la corrupción.
Los casos se agolpan en los juzgados: la Corona con
el caso Urdangarín; el Gobierno
con el anterior Ministro de Fomento, José
Blanco; gobiernos autonómicos
como el balear de Jaume Matas o el andaluz
de Manuel Chaves; la policía
con el «caso faisán». Y
hoy, como colofón a este panorama, la prensa revela que
la Fiscalía Anticorrupción avisó
a la Casa Real con antelación
del registro de las empresas de Urdangarín.
Esto es, corrupción en la Fiscalía
Anticorrupción.
Cualquier proyecto de regeneración nacional debe
pasar por el rearme moral de nuestras instituciones, desprestigiadas
ahora por su ineficacia y por la corrupción de sus responsables.
Entre tanto, todas estas instituciones y los políticos
que las dirigen, carecen de legitimidad para imponer
a la población unos sacrificios que en modo alguno comparten.
